El final feliz que oculta un problema

Un nuevo Chile ha nacido. O al menos eso parece a los ojos de Estados Unidos y las naciones europeas. El caso de los 33 mineros que quedaron encerrados bajo tierra recorrió el mundo y, desde que se supo que estaban vivos, fue seguido segundo a segundo por los medios de comunicación para saciar la curiosidad de los espectadores ansiosos. Sebastián Piñera, el presidente chileno, a escasos meses de asumir su mandato se cargó la causa al hombro con una actitud que ante las miradas desprevenidas parecería heroica y que, sin embargo, es causante de las otras tragedias que se sucedieron, suceden y que, de seguir así, se sucederán: cubrir la realidad.

El derrumbe de la mina San José no fue un accidente aislado. Es, según atestiguan los mineros, moneda corriente en Chile. La extracción de minerales es, históricamente, la principal fuente de ingresos del país trasandino y la primera huelga para reclamar mejoras en esa área datan de principios del siglo XX. Las políticas del Ministerio de Minería benefician al empresariado y desprotejen al trabajador. Sin embargo, a partir del exitoso rescate iniciado el 13 de octubre y finalizado al día siguiente, esas deficiencias en el sistema quedaron eclipsadas por la movida mediática que Piñera realizó. La exaltación de las expresiones patrióticas y religiosas desviaron la atención de la raíz del problema: la falta de controles de seguridad en las minas que, casualmente, debería ser prioridad del Estado chileno y, por supuesto, de la entidad privada que contrató a los obreros.

Por su parte, los medios de comunicación, habiendo ya explotado el asunto desde todos los puntos de vista posibles (de denuncia, anécdotas, sentimental o amarillo), perdieron aquel súbito interés que habían adquirido ante la historia de supervivencia y los reclamos antiquísimos de los mineros pasaron a un segundo plano. Incluso entre la población chilena la imagen positiva de Piñera aumentó considerablemente luego del rescate, aun cuando los rescatados lo señalen como uno de los responsables que podrían mejorar la situación de todo el gremio. Ese pedido no excluye a la empresa San Esteban, a la que le reclaman que les paguen la indemnización en un sólo pago, pese a que Marcelo Kemeny, uno de los dueños de la minera, se exculpó y negó que el yacimiento se encontrara sobreexplotado.

Las denuncias siguen su curso y no encontrarán una solución mientras desde el gobierno chileno las continúe minimizando a merced de mantener su imagen de un nuevo país. Y en ese país sólo son aceptados los finales felices, como el del 14 de octubre.

Viva ser offtopic